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Para Combatir la corrupción buscan reflotar el tratamiento de una ley

La Ley de extinción de dominio, que aprobó en junio del año pasado la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación y que apunta al decomiso de bienes adquiridos con dinero de origen ilícito como puede ser la corrupción y la lucha contra el narcotráfico, sigue a la espera de que se trate en el Senado. 

Tardaron 10 años en poder disponer del dinero que venía dentro de la valija de Antonini Wilson y, con esto en mente, la apuesta del oficialismo es que con una nueva composición del Congreso -sumado al empuje que tendrían ante un eventual triunfo en las elecciones de Cambiemos- se avance en esta iniciativa que ven clave para la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Sin embargo, este proyecto de Ley encontró resistencias de entrada en la Cámara alta, ya que se argumentó que la redacción era mala, que el procedimiento de decomiso que se proponía era complejo y que se vulneraba el derecho constitucional a la defensa. De todas maneras, luego de una prolongada discusión, a mediados de noviembre pasado, la iniciativa tuvo dictamen en el Senado con una serie de modificaciones. Una central: como reclamaba el peronismo, se trasladó del Fuero Civil al Penal el trámite de extinción de dominio.

Asimismo, antes de aprobar el texto, los senadores del mayoritario bloque PJ-FpV reclamaron garantías de que Diputados no insistiría posteriormente con su proyecto original. Sin embargo, en estos 7 meses no se logró ese acuerdo. Incluso, en febrero, la ministra Bullrich invitó a un almuerzo en su despacho a los senadores peronistas Miguel Ángel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Sigrid Kunath y Pedro Guastavino, al macrista Federico Pinedo y a la diputada massista Graciela Camaño.

El motivo del cónclave era avanzar en el tratamiento de la ley, pero Camaño no fue a la comida. Cerca de la diputada explicaron que no asistió porque, entiende, las negociaciones deben realizarse “dentro del Congreso”. Además, para avanzar en un acuerdo entre las cámaras es imprescindible el “visto bueno” de Sergio Massa porque su bloque es el que puede garantizar que Diputados sancionará la ley sin retocar lo que les envíe el Senado.

En ese sentido, se conoció que hubo intentos para seducir al tigrense. La última vez le ofrecieron que se la llamara “ley Massa”, un gesto para que pudiera quedarse con el crédito de la norma, pero el referente del Frente Renovador nunca contestó. Su resistencia obedece a que considera que su proyecto era mejor que el del Senado. Y en el Frente Renovador creen que entre fines de agosto y mediados de agosto -es decir, después de las PASO y antes de las legislativas- exista una ventana para llegar a un acuerdo y aprobar la ley.

Cansados, los miembros del Gobierno entienden que ya no tiene sentido intentar una negociación. Por eso, el Ministerio de Seguridad avanzó con la redacción de otro proyecto. Este nuevo texto retoma la idea de que la extinción de dominio sea autónoma del proceso penal. Es más: prevé la creación de un Fuero Especial de Extinción de Dominio.

Así, para recuperar bienes provenientes de la corrupción o el narcotráfico no habría que acreditar la culpabilidad del imputado. Se le quitarían los bienes antes de que reciba la condena penal, que habitualmente lleva años. Ahí parece estar la clave de la resistencia que genera extinción de dominio.

Y si para muestra bien vale un botón, en los últimos días ocurrió un hecho que evidencia cómo funcionaría la ley, ya que Prefectura Naval recibió el lujoso yate que se le secuestró al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime para que haga tareas de patrullaje y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, como si se tratara de una presión más, en el Gobierno se quejan que es endeble jurídicamente y temporaria en vez de permanente porque no hay ley de extinción de dominio.

 

Fuente: El Intransigente

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